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Mujeres, durante muchos años ignoradas por la comunidad internacional: Olga Sánchez
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*Se pronuncia a favor de incluir la perspectiva de género en interpretación y aplicación de normas
*La educación familiar debe terminar con esquemas de desigualdad, señala la ministra

México D.F., a 27 de septiembre de 2004. (Mario Reyes/NotieSe).- Dentro de los diversos tratados internacionales firmados por México, el tema de los derechos humanos de las mujeres tiene pocas referencias ya que “durante muchos años las mujeres fuimos intencionalmente ignoradas por la comunidad mundial para recibir el reconocimiento y protección otorgados por los instrumentos internacionales”, externó Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ante estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, la ministra se pronunció a favor de incluir la perspectiva de género en la interpretación y aplicación de las normas de derecho internacional, “no solamente en la interpretación judicial, sino en todos los niveles de gobierno, los Poderes de la Unión y en el resto de los operadores jurídicos, particularmente en los litigantes”.

Comentó que si bien es importante que jueces y juezas tengan una amplia capacitación en el conocimiento del derecho internacional, resulta fundamental que cuenten con una formación “pormenorizada” en los tratados sobre derechos de la mujer. Dijo que es necesario se eliminen del lenguaje los aspectos sexistas y los estereotipos de género basados en la exaltación de lo masculino y la devaluación de lo femenino, “pues se trata de elementos que contaminan a las normas al dotarlas de componentes discriminatorios”.

Al participar en el evento Acuerdos internacionales en materia de derechos reproductivos de las mujeres y su implementación en México, Olga Sánchez Cordero, hizo un fuerte llamado a los asistentes a no tolerar más el no cumplimiento de los convenios internacionales sobre violencia contra las mujeres, y a que en México se discrimine a mujeres que por situación de pobreza han migrado para ser explotadas sexualmente.

Indicó que en la educación familiar se debe terminar con esquemas de desigualdad para evitar se filtren a los esquemas sociales, además de que no se debe permitir que los padres de familias de desentiendan de sus obligaciones educativas para con las niñas, ni que el Estado olvide “su obligación de prestar servicios médicos y de atención sanitaria a las mujeres más necesitadas”.

Desconocimiento de tratados, factor para que autoridades no rindan cuentas

Por su parte, Gabriela Rodríguez Huerta, académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) externó que el desconocimiento de las leyes internas así como la firma que el gobierno mexicano ha plasmado en varios tratados internacionales en materia de protección de los derechos humanos, genera que los ciudadanos no exijan se lleven a cabo y se finque responsabilidad en caso de incumplimiento de los mismos.

Presente en el evento organizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida en vísperas del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, Rodríguez Huerta habló sobre los avances logrados en el estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) que considera ciertas violaciones de los derechos humanos de las mujeres como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La experta indicó que dentro del estatuto de la CPI se consideran como crímenes de guerra y lesa humanidad en contra de las mujeres los actos relacionados con la violación, abuso sexual, tortura, prostitución forzada, trata de personas, secuestro, acoso sexual en el lugar de trabajo y esterilización y embarazo obligados.

Cuestionada al respecto sobre la situación de los derechos humanos en México, Gabriela Rodríguez calificó como “terrible” el que México hasta el momento no haya ratificado el estatuto de la CPI, “pues a pesar de que ha habido avances en los ámbitos político y civil, el caso de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez representa una violación grave y masiva a los derechos humanos, además de que pone en entredicho la prevalencia del Estado mexicano”.


 


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